LAS CONSULTAS POPULARES NO DEBEN SER UN ACTO IDEOLOGIZADO O DE PROPAGANDA PARTIDISTA

03.08.2021
  • Se debe valorar la relevancia y el proceso de selección de los temas a consultar
  • Que las autoridades aclaren quién fondeó y orquestó la campaña por el "Sí"
  • Iniciativas como el "Tribunal de los pueblos" son ilegales y atentan contra el estado de derecho

Este domingo 1 de agosto, México inició una nueva etapa en su toma de decisiones: la democracia participativa; en ésta la ciudadanía no sólo elige a los gobernantes, sino que también se involucra de manera directa en los asuntos de interés del país.

A pesar de la labor del Instituto Nacional Electoral (INE) en la organización de la consulta logrando su difusión y la instalación del 99.9% de las casillas, no se logró el porcentaje requerido para que el resultado fuera vinculante, esto muestra que México tiene la potencia para seguir fortaleciendo su democracia. Respaldamos el exitoso esfuerzo del Instituto, sus trabajadores y de la ciudadanía para operar este ejercicio.

Se debe valorar la relevancia y el proceso de selección de los temas a consultar para evitar el desgaste logístico, económico y político que se tuvo en este ejercicio y no frustrar el esfuerzo ciudadano; por el contrario, que estas dinámicas motiven la participación y las consultas populares para que sean vistas como una posibilidad real de modificar y armonizar su entorno y no como un acto ideologizado o de propaganda partidista.

La difusión de la consulta popular estaba a cargo del INE, sin embargo, se observó una campaña paralela a favor del "SÍ" en las calles, así como en los medios de comunicación, lo cual podría constituir un delito electoral. Exhortamos a las autoridades correspondientes a que se investigue y se aclare quién y con qué recursos se fondeó dicha campaña.

Al no lograr la vinculación en esta consulta, el comité promotor de la misma aseguró que promoverá la creación de un "Tribunal de los Pueblos" para que juzguen los crímenes del pasado. Esta opción es ilegal y lejos de fortalecer a las instituciones del gobierno mexicano, atentaría contra el estado de derecho y obstaculizaría el trabajo que debe hacer nuestro sistema de justicia en México que ya contempla la persecución oficiosa de los delitos, la reparación del daño causado, el esclarecimiento de los hechos, así como garantizar la no repetición de los mismos.