LA LEY SE APLICA, NO SE CONSULTA

01.08.2021

La Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH) está a favor de las consultas populares como mecanismo directo de participación en el que la ciudadanía aprueba o rechaza una o varias propuestas planteadas con anterioridad sobre temas de interés público, tal como lo menciona el Instituto Nacional Electoral (INE).

Respecto de la consulta popular de este domingo 1 de agosto, en la que se pregunta a la ciudadanía «¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?», la CMDH señala lo siguiente:

  • ¿Por qué debe someterse a votación la aplicación de la justicia? En ese sentido, la consulta popular es innecesaria; es decir, si hay elementos para juzgar a alguien por un delito basta con denunciarlo. Asimismo, de resultar en un «sí» al juicio a expresidentes, no garantiza que se aplique la ley.
  • Este mecanismo legal está diseñado para que la ciudadanía pueda ser escuchada por el Estado en temas de trascendencia. Esta consulta es la banalización, ridiculización y desperdicio de un mecanismo democrático. La consulta popular es un instrumento ciudadano que no debe ser utilizado en frivolidades y caprichos. Hay temas que requieren una consulta real para corregir el rumbo del país, y que por sí mismos provocarían gran participación ciudadana.
  • La consulta representa un gasto de más de 500 millones de pesos en 377 mil spots y 57,087 mesas receptoras del voto, lo cual es un verdadero despilfarro de recursos, que podrían destinarse a otros fines de real importancia, como vacunas contra la covid-19 o medicamentos oncológicos. Se requerirán 285,450 funcionarios para la integración de las mesas receptoras, de las cuales 23,965 son básicas y 33,122 contiguas.
  • Se observa un gasto notorio y excesivo en la propaganda, lo cual podría constituir delito electoral, que no requeriría consulta para ser perseguido.
  • Las consecuencias de que el gobierno responda a la consulta no son claras: si los votantes votan por el «sí» a la extraña pregunta, ¿se podrá iniciar un proceso legal? Nunca se requiere ningún tipo de consulta para aplicar la ley; se violaría el debido proceso y múltiples derechos si así fuera.
  • Ahora bien, si ganara el «no», ¿habría algún tipo de impunidad popular para quienes se pretende juzgar? De nuevo, violaciones a la legislación y a los derechos humanos de las presuntas víctimas.
  • Para hacer vinculantes los resultados es necesaria una participación de por lo menos el 40% del padrón electoral, equivalente a 37.5 millones de mexicanos, lo cual -según las estimaciones- resulta muy difícil que se logre.
  • La pregunta no tiene relación con la propaganda a favor del «sí», ya que no se votará a favor o en contra de iniciar un juicio a expresidentes, sino de esclarecer conductas posiblemente delictivas de exfuncionarios públicos en general, obligación legal de la FGR.
  • No se observa propaganda, posicionamiento público ni privado a favor de la opción «no», lo cual ratifica que no había necesidad de la consulta, al no existir controversia ni opiniones a favor de la opción negativa.
  • De resultar ganadora la respuesta del «no» para juzgar delitos de políticos, esto tendría graves consecuencias futuras y sería una gran irresponsabilidad.
  • Este modelo de consultas frívolas y a modo, para justificar decisiones ya tomadas, como la farsa de consulta en 2018 -aunque apenas haya alcanzado poco más del 1% de participación- que supuestamente definió la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.
  • Todo parece indicar que algunas estructuras partidistas serán las únicas movilizadas a votar, pues no existe interés ciudadano en esta consulta.

Reconocemos la labor operativa y de difusión del INE y sus trabajadores en su labor como ente ejecutor para esta consulta popular; han cumplido con la obligación legal de organizar una elección. Que los votantes asistan o no a las urnas a una votación sin consecuencias es parte de la voluntad democrática. Saludamos el esfuerzo destinado por la institución para instalar sin presupuesto las más de 50 mil casillas y la intervención de casi 300 mil funcionarios.

Desde la trinchera ciudadana y con más de 27 años de experiencia en observación electoral, la CMDH seguirá de cerca el ejercicio, que se debe revisar a detalle por las autoridades correspondientes para que México siga siendo un modelo de democracia a seguir.